Penalva y Subirán investigados por detenciones ilegales, coacciones y prevaricación

Se acabó el caso Cursach y ahora empieza -de verdad- el caso Penalva-Subirán. El tribunal ha absuelto a los dos policías locales que aún permanecían acusados en la causa. El fallo se ha conocido este jueves.

Se trata de los agentes Gabriel Mayol y Josep Mayans, a los que se les imputaba un delito de coacciones. El resto de sus compañeros ya habían sido exonerados de todos los cargos y sólo quedaban ellos pendientes de sentencia.

PENALVA Y SUBIRÁN, DE INVESTIGADORES A INVESTIGADOS

Además, el fallo judicial recoge la orden de abrir una investogación al exjuez Penalva, exfiscal Subirán y la expolicía de Blanqueo por prevaricación, detención ilegal y coacciones a detenidos e investigados.
Las magistradas consideran que a lo largo del juicio se han vertido indicios de que estos tres instructores “u otras personas” podrían haber cometido dichos delitos. No en vano, varios testigos y acusados aseguraron haber sido amenazados y presionados por ellos durante la instrucción.

Todo ello se suma a la causa ya abierta en el TSJB contra ellos.

Por otro lado, se acuerda actuar por posible delito de falso testimonio contra la inspectora de Blanqueo y otros nueve testigos y por posible falso testimonio y obstrucción a la justicia a otros siete testigos.

LEVANTAMIENTO DE TODAS LAS MEDIDAS CAUTELARES

Asimismo, acuerdan el levantamiento de todas las medidas cautelares que se hayan adoptado contra todos los absueltos en la causa, así como la devolución de objetos intervenidos.
Esto incluye, además de estos dos policías a quienes se mantuvo la acusación hasta el final, al resto de los procesados. Cabe recordar que buena parte de las imputaciones se retiraron o al inicio del juicio –como fue el caso del director de la discoteca Tito’s Jaime Lladó o la exdirectora de Turismo Pilar Carbonell y el resto durante el transcurso del mismo –fue el caso del empresario Bartolomé Cursach y el directivo Bartolomé Sbert–.
En lo económico, el fallo impone las costas generadas respecto a Cursach y Sbert a las acusaciones particulares encabezadas por los empresarios José Manuel Bover y Ángel Ávila y Sa Trobada SL. El resto se declaran de oficio.

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