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Ayer, día 15 de noviembre se hizo pública la sentencia del TSJIB donde se condena a nueve años de prisión al ex juez Manuel Penalva y al ex fiscal Miguel Ángel Subirán.
En esa sentencia el Tribunal considera demostrado que, ambos, en el caso ORA, IME y otras derivadas, coaccionaron para que algunos testigos y detenidos declararan en el sentido que se les indicaba, arrestaron a dos septuagenarios para presionar a su hijo, un ex político, y coartar su libertad, coaccionaron a través de un agente del CNP en activo a un preso preventivo para que cambiara su declaración y así saliera de prisión….

Destaca la sentencia que no mantuvieron la imparcialidad ni la limpieza del procedimiento, forzaron declaraciones bajo amenazas, consintieron filtraciones. En definitiva, incurrieron en obstrucción a la justicia, coacciones y omisión del deber de perseguir delitos.
Además también condenan a tres integrantes del grupo de blanqueo que buscando ser estrellas acaban estrellados: tres años y diez meses para el subinspector Miguel Ángel Blanco, un año y dos meses para la inspectora Blanca Ruiz y dos años y cuatro meses para el agente Iván Bandera, todos por coacciones a detenidos y testigos, los cuales, además, deberán devolver todo lo percibido en cuanto a retribuciones durante el periodo que llevan suspendidos.

Este sindicato ha defendido durante todos estos años la inocencia de numerosos policías, lo ha hecho judicialmente, mediante comunicados, y en diversas intervenciones públicas. Era y es lo justo y esa es nuestra línea de actuación, la defensa de nuestros compañeros y el conjunto de afiliados.


Condena a las extorsiones de Penalva y Subirán

FUENTE: Editorial Palma16/11/23 0:29 PERIÓDICO ÚLTIMA HORA.

El TSJIB ha condenado a nueve años de prisión a Manuel Penalva y Miguel Ángel Subirán. El tribunal considera demostrado que el juez y el fiscal a cargo del ‘caso Cursach’, el ‘caso ORA’ y otras derivadas, coaccionaron a cuatro personas para que declararan en el sentido que ellos querían. Tres de esos episodios ocurrieron en el propio despacho del magistrado, con su beneplácito. El cuarto también es de una gravedad mayúscula: ordenar el arresto de los padres y el hermano de entonces concejal y diputado del Partido Popular, Álvaro Gijón, para presionarle y coartar su libertad.

Filtro estrecho.

El proceso a Penalva y Subirán ha acotado mucho las acusaciones contra ambos. Las prácticas que ha considerado demostradas esta sentencia suenan familiares a otros episodios protagonizados por ambos. El TSJIB advierte que solo se ha ocupado del ‘caso ORA’. El tribunal descarta, en parte por motivos técnicos, los delitos de detención ilegal, aunque admite que muchos de esos arrestos se llevaron a cabo al límite y que policías más escrupulosos no los hubieran practicado. Recuerda que la labor de un fiscal y de un juez instructor pasa por mantener la imparcialidad y la limpieza del procedimiento. Nada de eso lo llevaron a cabo los ahora condenados. Es obvio que su responsabilidad es mucho más grave que la de los agentes de la policía a los que han arrastrado.

Denuncias.

El comportamiento de Penalva y Subirán ha sido más que un terrible fracaso de la Justicia. Detrás de sus delitos hay decenas de vidas y reputaciones destrozadas por una forma de actuar viciada. La sentencia del TSJIB pone en valor el comportamiento de algunos funcionarios, como el juez Florit o los policías encargados de investigarles y también cuestiona la de otros que los arroparon: el presidente del TSJIB, Carlos Gómez archivó la causa al no apreciar ningún tipo de delito. Falta aún el filtro del Tribunal Supremo.


La conjura de los necios

FUENTE: Javier Jiménez – Subdirector de Ultima Hora

Palma 16/11/23

En un lejano 12 de julio de 2015, este periódico abrió fuego formalmente contra la que ha sido la instrucción judicial más perversa que se recuerda en Mallorca. El ‘caso Cursach avanzaba implacable y Penalva y Subirán, erigidos en semidioses del Olimpo, arrasaban con todo. Y con todos. Nadie les tosía, nadie osaba ponerse en su camino. Ese día publicamos una página titulada «La extraña denuncia del fiscal», donde desvelamos que Subirán, ya en 2008, dio muestras de un comportamiento extraño, casi perturbador. Según su surrealista relato, un policía le molestaba en el juzgado de guardia de Palma: «Me hace la ‘ola’, reverencias grotescas y ridículas y en una ocasión me tiró de la camisa por la espalda», esgrimía, indignado. Cualquiera que estuviera en su sano juicio, hubiera detectado que el acusador público estaba, como mínimo, trastornado, pero nadie hizo nada y en los años siguientes Subirán –que, por cierto, intentó expedientar a un comisario para saber quién nos había filtrado la denuncia– siguió imputando y encarcelando a diestro y siniestro.

Mientras Penalva, demasiado ocupado en sus cacerías (las de animales, no las de policías locales), alimentaba a la bestia. Al fin y al cabo ‘Subí’, como le llama cariñosamente él, podía ser muchas cosas, pero le traía todo el trabajo hecho, lo cual le dejaba mucho tiempo libre. Y eso no tiene precio cuando uno se quiere ir pronto a casa. Durante esos años, el tenebroso tándem hizo y deshizo a su antojo, pero el 18 de julio de 2017 se desayunaron con otra portada nuestra: La madame, testigo clave del caso, mentía más que hablaba. Y aportamos trece evidencias. Todo empezó a tambalearse. Su respuesta fue recrudecer la guerra mediática –ya de por sí fratricida– y seguir con la apisonadora judicial. Donde eran trituradas las reputaciones de jefes de policía modélicos, como Toni Cerdá o Toni Suárez. Dos mandos que lo habían dado todo en su trabajo y que al final de sus carreras se encontraban con la ignominiosa sombra de la duda, alentada cobardemente por Subirán. El 14 de julio de 2019 recibieron la puntilla: desvelamos los wasaps que se escribían entre ellos, llenos de crueldad, insultos y expresiones barriobajeras. A la tercera fue la vencida. Fue el principio del fin para ellos. Ahora, ya condenados estos dos personajes, me viene a la memoria un detalle genial de la madame, la mujer que con sus denuncias enviaba a prisión a inocentes.

Una de sus víctimas fue el intendente Toni Vera, exjefe de la Policía Local de Palma y uno de los mandos más íntegros. La testigo, que no lo había visto en su vida, se inventó que Vera consumía todo tipo de drogas, tenía una amante llamada Karina y cobraba sobres de Pascual, un conocido empresario. Vera vivió un largo –eterno– infierno familiar y profesional, hasta que un día su abogado, Felio Bauzá, acorraló en un interrogatorio a la madame. «Si usted cenaba a menudo con él, me podrá contestar: ¿Cómo es de estatura el señor Vera?». La pregunta tenía truco, porque el exintendente es casi un gigante, pero la madame resumió en su respuesta el esperpento entre trágico y absurdo que ha sido toda esta instrucción perversa: «Pues no lo sé, yo siempre lo veía sentado».


FUENTE: Victor Malagón

Periodista especializado en tribunales

Penas de cárcel en un caso que llegó a ser archivado por el instructor

Palma 16/11/23

El abogado de Penalva y Subirán exigió al tribunal una sentencia que valorara los wasap. Quería una absolución por el fondo que limpiara el nombre de sus representados: «Otra cosa no nos vale». El tribunal le ha hecho caso en lo primero. Nueve años de cárcel, por mucho que sean siete y medio de cumplimiento, es una condena muy dura, solo equiparable a la del que, probablemente, haya sido el juez más corrupto de este país, Pascual Estevil, que cobraba a cambio de sus resoluciones. Solo la calificación de la Fiscalía, que pedía penas de más de un siglo, hace que no parezca tanto una década de prisión. La sentencia del TSJIB no cierra el caso pero enfila a Penalva y Subirán a la cárcel. Queda el Supremo y también irán las acusaciones a pedir más pena.

El TSJIB considera demostrado que un juez y un fiscal intentaron forzar declaraciones bajo amenazas, que ambos perdieron la imparcialidad, que consintieron filtraciones en la causa y que emplearon las detenciones de un matrimonio septuagenario para presionar a su hijo, el entonces diputado del PP, Álvaro Gijón. Quedan fuera las detenciones ilegales, en parte por la declaración del interventor municipal que abonó sospechas en la ORA y, en parte por el tipo delictivo que eligieron los fiscales Tomás Herranz y Fernando Bermejo para calificarlas. La sentencia valora los mensajes del grupo ‘Sancus’, que en otros momentos se llamó de formas más chuscas. Comentarios «viles», dice la resolución, que ya califica bastante. Los usa más como prueba de descargo que para condenar. La paradoja es que, precisamente el único absuelto sea el principal sospechoso de la filtración que detonó el inicio de la investigación a Penalva y Subirán: el inspector Reguera.

Los otros dos policías con menos condena son los que terminaron de hundir a Penalva y Subirán al entregar sus móviles con los mensajes. Al juez se le reprocha que no pusiera coto a las actividades del fiscal y a ambos, abandonar su posición de garantes. No era lo que pedía la defensa, no ha sido lo que pedía el fiscal, pero los nueve años llegan después de un archivo libre por parte del juez instructor.

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