Soy Antoni Morey Jover, comisario de la Policía Local de Palma, afiliado al SPPME desde hace muchísimos años.
Hoy les escribo pidiéndoles su colaboración, no sólo para mí sino para un nutrido grupo de compañeros que nos hemos visto envueltos en una causa judicial sin precedentes (ni siquiera lo que pasó en Coslada se aproxima a lo que estamos viviendo en Palma), quizás hayan visto u oído algo por la prensa o por otros compañeros.
Afortunadamente, la verdad va saliendo a la luz y ya somos mayoría los desimputados, sobreseídos e incluso absueltos. No sólo eso, el juez instructor, el fiscal y varios policías del grupo de Blanqueo del CNP se encuentran ahora investigados en este turbio asunto.
Nuestro propio Ayuntamiento de Palma jugó un papel demoledor contra sus propios funcionarios y policías, tachó de corruptos a los investigados, los expedientó y sometió a toda clase de medidas cautelares, incluidas las suspensiones de sueldo durante años, les negó la presunción de inocencia, la prestación de fianzas.
Además remitió al juzgado toda clase de documentos, informaciones y mentiras que pudieran colaborar en la ilegal acusación, adscribió ilegalmente a varios policías locales a trabajar a tiempo completo para el juzgado de instrucción, denunció al médico de los policías y así un largo etcétera de desmanes inenarrables.
Hoy, sin todavía haber recuperado las nóminas ilegalmente retenidas, la última vuelta de tuerca consiste en exigir el pago de los abogados a los propios funcionarios investigados y absueltos en vez de asumirlo directamente el Ayuntamiento de Palma, pago que después devolverá a los afectados cuando lo estime oportuno y si así lo considera.
Nunca se había procedido de esta manera, de hecho en esta misma causa ha habido personas cuyos abogados han cobrado sin problemas.
Por todo ello, le rogaría que el sindicato que Vd. dirige pudiera proporcionarnos información acerca de los procedimientos seguidos en otros lugares y departamentos en cuanto al pago de las asistencias jurídicas recibidas por funcionarios acusados en ocasión de su servicio.
Nos sería de gran utilidad conocer como tratan la obligación legal contemplada en el Estatuto Básico del empleado Público; Ley de Coordinación de Policías Locales; Ley 52/97 de Asistencia Jurídica del Estado; etc.) de proveer esta asistencia jurídica a los funcionarios investigados e incluso condenados por motivos relacionados con su servicio o trabajo.
Le agradecería que recabaran esta información o pasará este correo al máximo número de delegaciones, secciones y afiliados, labor que ya le agradezco de antemano.
Por supuesto, quedo a su entera disposición para cualquier aclaración en este asunto.
Atentamente,
Antoni Morey Jover
Comisario de la Policía Local de Palma
Email: p00564@pol.palma.cat
