Palma a, 22 de Junio de 2017
CARRERA PROFESIONAL Y PRODUCTIVIDAD
1.- Como ya sabéis, la delegación de gobierno puso un contencioso administrativo en contra de la carrera profesional del Ayuntamiento de Palma, al considerar la delegación de gobierno que nuestra carrera no se ajustaba a la normativa estatal sobre el gasto permitido según presupuestos. A la vez que pusieron el contencioso, hasta que este se resolviera, solicitaron al juzgado la suspensión cautelar de la carrera, con la clara pretensión de que dejáramos de cobrarla. Pues bien, buenas noticias, de momento el juzgado no ha estimado la pretensión de la delegación de gobierno y ha dictado auto diciendo que no se aplica medida cautelar de suspensión, lo cual es una buena noticia como he dicho antes, y encima, nos da más ánimos para defender que dicha carrera se ajusta a derecho y que estamos convencidos de que la justicia nos dará la razón.
2.- Productividad, sobra decir que de momento nadie la ha cobrado, el Ayuntamiento a través de sus servicios jurídicos nos manifestó en una reunión que habían encontrado una solución, solución que están acabando de perfilar para poder hacer efectiva en nuestras nominas las cantidades que nos adeudan. Manifestaron una clara intención de pagarla, pero antes quieren estar seguros de que se pueda hacer sin que nadie pueda decir que está mal, en resumidas cuentas, el talante de Función Pública de Cort nos pareció totalmente bueno así como sus intenciones, el nuevo jefe de recursos humanos, fue muy claro y correcto y demostró una clara predisposición a darle una buena solución a este tema.
3.- Extensión de carrera profesional 2014/2015, preguntamos en que situación estaban todos los recursos que se han presentado por incorrecciones en el abono de las cantidades, así como los recursos de aquellas personas a los cuales no se les pagó dicha extensión por estar en situación de investigados o similares en el Area de Seguretat Ciutadana. Hay que recordar que las personas investigadas que dependen de Cort i Función Pública si que la cobraron. Función pública nos manifestó que ellos están firmemente convencidos que tienen razón en contra de lo que piensa Seguretat Ciutadana, ya que Seguridad Ciudadana defiende que los investigados no tienen derecho a cobrarla y así lo han demostrado activamente, mostrando un claro rechazo y oposición a que estas personas, que son inocentes hasta que se demuestre lo contrario, no perciban ese dinero que justamente les pertenece. Función Pública nos comunicó que están a la espera de un informe de servicios jurídicos que de luz a todo este tema y a partir de ahí resolver todos los recursos.
