PALMA A 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018
ACLARACIONES
OPOSICIONES COMISARIO Y MAYOR
Hemos recibido multitud de consultas de compañeros en relación a la situación actual de ambas oposiciones, manifestando la inquietud y en algún caso indignación por la situación que se está viviendo.
COMISARIO:
Desde su publicación en el BOE parecía que la Administración se tomaba en serio la necesidad de convocar la plaza incluida en la oferta del 2015. Todos los trámites necesarios se iban cumpliendo hasta la publicación del decreto de admitidos y excluidos. Dicho decreto ha generado más de 20 recursos. Ante tal situación parece ser que la administración ha optado por paralizar el proceso ya que no se han propuesto fechas para seguir con el concurso-oposición, ni ha dado respuesta a los recursos interpuestos.
Decir que este sindicato ya ha registrado dos recursos sobre el Decreto de admitidos y excluidos, teniendo el convencimiento que la administración no se dignará a contestarlos, obligando a interponer la correspondiente denuncia. Por la experiencia que tenemos, cuando una administración hace algo mal y no desea corregir sus actuaciones, la táctica empleada es NO contestar a nada y obligar a los recurrentes a acudir a los tribunales y “ya veremos pero al menos ganamos tiempo y hacemos lo que queremos”.
MAYOR:
Mismo proceder que anteriormente. Desde un principio las bases publicadas han ido en contra del Reglamento Marco de PL´s de las IB. Generando también multitud de recursos (incluido el de este sindicato).
Si algo, bueno o malo, tiene el Reglamento Marco es que no deja a las administraciones margen de maniobra para modificarlo. Con todos los expertos juristas que posee la Regiduría de Seguridad Ciudadana es algo que saben, pero aún así han querido modificar las bases saltándose a la “torera” la normativa vigente, la cual da seguridad jurídica a todos los aspirantes.
En definitiva, las suspicacias sobre ambos procesos y creencia generalizada de que se quiere favorecer a una o varias personas está al orden del día, teniendo la Regiduría la responsabilidad de atajar estas ideas y ceñirse a la normativa, que en definitiva es lo que una Administración siempre debería garantizar.
¿A quién/es se quiere favorecer?
Si no es así, ¿por qué no se ciñen a la normativa vigente?
